Honduras/Nicaragua/Venezuela
Lealtad constitucional y violaciones constitucionales en América Central

Informe de actualidad

Ruptura constitucional en el nombre del "Socialismo del Siglo XXI"

En la primera semana de enero Hugo Chávez logró que el parlamento venezolano aprobara la ley sobre la participación y el poder ciudadano, aunque la cual había sido rechazada en un referendo llevado a cabo en el año 2007. Por consiguiente el parlamento sancionó lo que el pueblo había declinado anteriormente.

Debido a esta ley, ahora aprobada, se forman "Consejos populares" nombrados y dirigidos directamente por el Gobierno Central. El objetivo de esta nueva ley es: estructuras paralelas no legítimas destituirán el poder y las facultades de los gobernadores y alcaldes elegidos por el pueblo.

RELIAL, la red liberal en América Latina, criticó esta ley en una resolución, dado que los críticos consideran esta ley como una adaptación de la sociedad según el modelo cubano. Según esta ley se constituirán estas nuevas entidades llamados “consejos populares” y sus organizaciones para que ellos “administren en forma colectiva” las ciudades y comunidades. La meta es permitir un control directo de las comunidades, dado que los “consejos populares” serán nombrados directamente por el Gobierno Central. Sus facultades son bastante amplias: ellos pueden determinar el ordenamiento territorial, prestar a la población todos los servicios necesarios, expropiar bienes para el bien del “colectivo nacional” y “garantizar “ la seguridad de la población. De esta manera se quebrará la estructura de administración histórica y subsidiaria de Venezuela, y el Estado descentralizado y clásico-federal se disolverá, además se apalancará la estructura gubernamental prevista en la constitución.


Decretos en vez de decisiones parlamentarias

De facto Daniel Ortega solamente gobierna actualmente por medio de decretos

Y según este mismo proceso también el Presidente nicaragüense Daniel Ortega está ignorando al principio democrático de la división de poderes. Con el fin de ampliar su poder y para garantizar su reelección, el presidente nicaragüense promulgó al mismo tiempo un decreto mediante el cual se prolonga por tiempo indefinido el período de diez magistrados del Tribunal Electoral Superior y de cuatro magistrados constitucionales, los cuales están a favor de él. De esta manera Ortega se sobrepone, como es común, a los derechos del parlamento dado que solamente a este órgano le corresponde elegir los magistrados de las autoridades superiores o de prologar sus periodos en el cargo. Teniendo una mayoría de magistrados leales al partido en el Tribunal Electoral Superior y en la Corte Constitucional, Ortega puede cuestionar cualquier resultado electoral desfavorable según su punto de vista que le espera en las elecciones presidenciales del año próximo.


"La corrección de un error grave"

Mientras que en Nicaragua y Venezuela se gobierna en forma inconstitucional mediante decreto en el nombre del “Socialismo del Siglo XXI” los representantes del pueblo en Honduras tomaron la decisión de desligarse de este curso. En la noche del 13 de enero el Congreso hondureño decidió con 121 en contra de 127 votos la salida de Honduras de la alianza de naciones ALBA promovida por el presidente venezolano. En el mes de diciembre este punto se encontraba ya en la agenda del Congreso Nacional, sin embargo, el debate se postergó varias veces a raíz de la crisis política y las votaciones sobre un posible regreso al cargo del ex presidente Zelaya. Con ello los representantes del pueblo siguieron en forma consecuente la línea que habían tomado con la destitución del ex presidente Zelaya. Como indicó el actual Presidente del Congreso, Saavedra, en su declaración final después de dar a conocer la salida de Honduras del Alba, se quiere corregir un error grave y liberarse de la influencia dañina del gobierno venezolano de orientación izquierdista.

Salida de la alianza ALBA – la disolución del acuerdo firmado en 2008 se decidió con 121 contra 127 votos

Se puede destacar que esta decisión respecto a la salida de la alianza fue tomada por el mismo Congreso que en octubre del 2008 había decidido el ingreso a esta misma alianza. No obstante, en este entonces, la decisión se logró solamente debido a una presión masiva de Manuel Zelaya sobre los diputados, el cual, entre otros, obtuvo el acuerdo del Presidente del Congreso, en esta fecha Roberto Micheletti, para el ingreso a la alianza mediante promesas de campaña y de apoyo. En noviembre del 2008 Micheletti se postuló con el apoyo de Zelaya en las elecciones primarias como candidato interno del Partido Liberal, no obstante, perdió claramente en estas elecciones primarias contra Elvin Santos, el cual a continuación participó en la carrera electoral como candidato presidencial de los liberales.

En aquella fecha el resultado de la votación no fue tan claro, dado que alrededor de un tercio de los diputados del Partido liberal y nacional negaron su aprobación del ingreso o simplemente no se presentaron a la votación. De esta manera solamente 62 de los 128 diputados estaban dispuestos a ceder a las insistencias de Zelaya - ninguna comparación con el resultado evidente de la votación del 13 de enero de 2010.

Durante las semanas próximas habrá otra votación en el Congreso hondureño que proporcionará material para las primeras páginas: los diputados deberán decidir sobre una posible amnistía para los delitos políticos en relación con el cambio de poder del 28 de junio de 2009. Pero por el momento no parece que los representantes del pueblo otorgarán tal amnistía durante los últimos días de este periodo legislativo. La muy discutida amnistía valdría exclusivamente para delitos políticos y constitucionales y no para delitos comunes.


Una relación altamente diferente con los principios democráticos básicos

Conclusión: Mientras que en Honduras (con excepción de expatriación ilegal del ex presidente Zelaya) los órganos constitucionales actúan de acuerdo con la constitución, los presidentes de Nicaragua y Venezuela siguen dedicándose a la conservación del poder - y en caso necesario – por encima de la constitución. Para evitar o relativizar fracasos democráticos en los congresos o en los referendos populares se prefiere utilizar magistrados constitucionales obedientes o gobernar mediante decreto – indicando siempre que se actúa en el interés de los socialmente débiles. Un libreto, según el cual también actuó el ahora destituido presidente hondureño, Zelaya, hasta que la justicia y el Congreso podían removerlo apelando la constitución. Mientras tanto, en Venezuela con toda su riqueza petrolera, sufren sobre todo los socialmente débiles debido a la estructuración concreta del “Socialismo del Siglo XXI”, el cual es muy parecido al socialismo del siglo XX: cortes de electricidad, la tasa de inflación más alta de América Latina y la devaluación de la moneda nacional Bolívar Fuerte para el pueblo, y transferencias de 7 mil millones de dólares de la reserva del Banco Central al fondo del Gobierno para el presidente Hugo Chávez. El economista José Guerra comentó frente al periódico Frankfurter Allgemeine que de esta manera Chávez puede ampliar aun más los egresos estatales en la campaña para las elecciones de diputados del mes de septiembre.


Texto: Christian Lüth, Director de Proyectos de Honduras, Nicaragua y Guatemala de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
Tegucigalpa, 14 de enero de 2010